Observo con preocupación el proceso catalán.
Punto de partida el juego perverso de la ineficacia de los cargos electos del Estado (Gobierno, Diputados, Senadores) dejando de lado su función para obsesionarse y obsesionar a la sociedad con Catalunya y obviando el gobierno y la gobernanza para la que han sido elegidos.
Los medios de comunicación (que controlan más del 90% de audiencia) centran la atención ciudadana en un monotemático tema las ilegalidades del Parlament de Catalunya. Es curioso que se produzca el olvido del Saqueo de las Arcas Públicas para que se produzca la mayor concentración bancaria de la historia (Grupo Santander y Bankinter, Grupo BBVA, Grupo Caixa, Grupo Bankia, Grupo Sabadell), para que sea el Estado saqueado para reducir el endeudamiento privado, se produce el olvido de que hemos pasado de una Deuda Pública del 40% en 2008 al 99% en 2016 (23.797€ por habitante), hay un Déficit Público superior en 1.000 millones con respecto a 2008, la Deuda Privada de las empresas representa el 82% del PIB en 2016 y la Deuda Privada de las familias asciende al 64% del PIB. Se olvida la devaluación de la moneda por la sistemática reducción de la capacidad adquisitiva de salarios y pensiones, promoviendo políticas favorables de destrucción sistémica de empleo fijo (salarios, cotizaciones, productividad más elevada) por empleo precario (salario y cotizaciones menores, beneficios coyunturales ascendentes) generando una doble crisis del sistema de protección social (pensiones, dependencia, educación, sanidad) y reduciendo el interés de las personas que trabajan por empleos sin proyecto (personal o profesional). La temible ofensiva destructiva de la sanidad pública, emprendida con las justificaciones de la gestión, ha disminuido las plantillas, ha reducido las inversiones, ha inutilizado los equipos por falta de especialistas o de mantenimiento; su consecuencia el traspaso del negocio a la sanidad privada. La progresiva destrucción de nuestro sistema público educativo (desde la infantil a la primaria) e investigador (universidad y centros de investigación) en beneficio de un sistema subvencionado privado, produciendo la mayor sangría de conocimiento vía emigración desde la emigración intelectual provocada por el golpe de estado contra el legítimo gobierno republicano. Se realiza una operación cosmética constante con nuestras abandonadas infraestructuras públicas y se asumen costes de los fracasos privados (Castor, Autopistas de peaje, sobrecostes de obra pública, obra pública inacabada).
Se demuestra el retroceso de los derechos y libertades por el número ascendente de personas sometidas a la Audiencia Nacional o al Supremo por canciones, chistes, representaciones teatrales, … Mientras que se eterniza la persecución y, en consecuencia, la prescripción de delitos por corrupción o más sencillo aún por mal uso de recursos públicos. Es escasa la acción contra los padres de las estafas, las mordidas, los paraisos fiscales, centrándose en la persecución fiscal de grandes estrellas y escasas persecuciones de las grandes fortunas.
En suma se oculta con la investidura en Catalunya la profunda transformación sistémica que se está produciendo con la transferencia de recursos públicos que en su origen están destinados a garantizar derechos sociales a los intereses privados y favoreciendo el enriquecimiento creciente de 386.000 personas más o menos en 2016.
En primer lugar se manifiesta la ausencia de política de Estado (España) con respecto a una parte muy importante de la sociedad catalana que demanda segregarse de ese Estado.
En segundo lugar las soluciones políticas nunca se han resuelto con el sistemático ejercicio de la represión (encomendada a las fuerzas de orden público), ni al anuncio poco pertinente de los mandos militares que se ocuparán de garantizar la unidad de España. Un militar o un miembro de las fuerzas de orden público tiene todo el derecho a expresar su opinión como ciudadano, pero nunca puede emitir una opinión sobre la actuación que tiene encomendada, que decide un responsable político.
En tercer lugar el uso y abuso del aparato judicial obedece a la incapacidad de dar respuesta a las demandas de una parte significativa de la sociedad catalana. Han logrado con la ausencia de respuestas políticas pervertir el papel del Tribunal Constitucional, interprete de la Constitución y las leyes, en otra parte del aparato judicial.
En un Estado Democrático desde cuando es interpretado por un Tribunal Constitucional que una persona que tiene sus derechos plenos (NO HA SIDO CONDENADO) tiene que cumplir con unos requisitos para ser investido que no le ha pedido nadie. Como puede emplazar al presidente electo de una Cámara a ejecutar unas ordenes bajo amenaza de delito por acatar una resolución básicamente JUDICIAL y no de garante de la Constitución.
¿Los avances democráticos se han producido defendiendo las leyes? 1789
Antonio Camarero 