El gobierno de España y los gobiernos de las Comunidades Autónomas españolas promueven un nuevo modelo de universidad pública:

Una universidad pública mal financiada.
Una universidad pública que pierde empleados públicos.
Una universidad pública que disminuye el acceso de personas al estudio.
Una universidad pública que reduce la equidad.
Una universidad pública que ve alteradas constantemente la estructura de sus planes de estudio.
Una universidad pública que ve abandonar el país a sus egresados.
Una universidad pública carente de recursos para la investigación.
Una universidad pública que ve el deterioro de sus instalaciones.
Una universidad pública constantemente agredida en los medios de comunicación, excepto cuando sus egresados consiguen grandes logros en otros países o individualiza los avances científicos, sociales o culturales de los miembros de la universidad pública.

«Una universidad pública española que cuenta con el mismo presupuesto que dos de las más de 3000 universidades de Estados Unidos»
Las universidades españolas. Una perspectiva económica 2014
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Presupuestos-Universidad-cronica-retroceso_0_348915963.html

Es evidente que se necesitan cambios en la universidad pública para establecer un modelo de universidad acorde con la transmisión del conocimiento y de los resultados obtenidos a la sociedad, sustentados en la investigación y en la experimentación científica. Pero los cambios no pueden ser producto de decisiones unilaterales, ni unidireccionales. Han de ser decisiones producto de un consenso, que lógicamente incorpore a los diferentes agentes afectados y que se plasmarán en los desarrollos normativos correspondientes.

Los cambios son en algunas cosas imprescindibles para no anquilosar la institución. Ahora bien se ha realizado una evaluación de las universidades públicas, que permita conocer sus deficiencias y sus logros. La identificación de las deficiencias debe permitir establecer un diagnóstico general de la universidad pública española y un diagnóstico particular de cada una de las universidades.
Ese diagnóstico servirá de base para orientar las posibles directrices a adoptar y saber hacia donde debe orientarse un sistema público, para lograr los niveles de excelencia que queremos alcanzar.

Se podrá objetar que ha habido informes de expertos. Los informes de las comisiones de expertos no son una base solida para adoptar alternativas que afectan al futuro de la transmisión del conocimiento en las instituciones universitarias españolas. Normalmente suelen ser estudios sesgados al que se le han puesto unos determinados indicadores de partida que condicionan el informe.

Una evaluación seria debe disponer de una tabla de indicadores acordados y consensuados entre los distintos agentes afectados. Ahora bien se me viene a la cabeza, ¿cómo participará la ciudadanía en estas cuestiones? y no me sirven sus representantes políticos (Congreso, Senado, Asambleas legislativas). Hasta ahora estos representantes han demostrado un alto grado de desconocimiento de la universidad y emiten opiniones basadas en artículos periodisticos o en experiencias asociadas al mundo empresarial. De esta evaluación debería salir la base para el modelo de universidad pública que queremos para los próximos años y que supere el aventurerismo político de quienes ya han demostrado su capacidad para destruir el sistema de Cajas de Ahorro y que ahora quiere destruir el sistema público universitario español.

Si hiciesemos una pequeña encuesta con un reducido número de preguntas sobre la universidad. Comprobaríamos el grado de desconocimiento que tienen nuestros legisladores y nuestros periodistas. Muchos de ellos no podrán contestar preguntas tan sencillas como cuantas leyes sobre universidad se han aprobado desde la vigencia de la actual Constitución española. Cuantas modificaciones de planes de estudio (totales o parciales) ha habido en estos casi 40 años. Eso si no hay que hacer trampas recurriendo al Tito Google que parece que todo lo sabe.

Hay conceptos básicos sobre el empleo y su calidad en el mundo del trabajo.

El concepto general se vincula a la capacidad productiva y, por tanto, a las necesidades de la oferta y la demanda de bienes y servicios generados para la sociedad a la que se dirigen los productos. Evidentemente está condicionado a las características de los medios e instalaciones que se precisan y al número de personas imprescindibles para su actividad.

Las necesidades requeridas a la universidad pública son la formación, la investigación, la innovación y la transferencia a la sociedad. A las que hay que añadir de forma imprescindible la necesidad de gestión, la conservación, el mantenimiento, la reposición de los medios e instalaciones existentes. Se completan con las necesidades de nuevos medios, instalaciones y construcciones acordes con la dinámica de la sociedad.

Es evidente que el empleo público tiene una serie de funciones, que se encuentran tasadas por la legislación. En los últimos tiempos ha sido limitado, por no decir anulado en las universidades por las conocidas Tasas de Reposición.

Las Tasas de Reposición impuestas legislativamente por el Gobierno de España han sido de un 10% para el Personal Docente e Investigador y de un 0% para el Personal de Administración y Servicios (del 50% para este año 2015). Es decir se ha obligado a las universidades públicas a reducir las plantillas con independencia de las necesidades. El gobierno ha impuesto un sistema de reducción de personal o una inmensa «Regulación de Empleo Público» y ha pedido en los medios de comunicación que mejorasen los servicios prestados.

Las consecuencias son malas para la universidad pública y beneficiosas para la universidad privada. Como dijo recientemente un miembro del gobierno español «se está creando empleo en la empresa privada y destruyendo en la administración pública«. Es la evidencia de que el gobierno trabaja en contra de los intereses de los ciudadanos y de sus servicios públicos y lanza mensajes de eficacia, eficiencia y capacidad de generar empleo en el mundo de la empresa privada. Es curioso que el mundo del endeudamiento del país y el mundo de los concursos de acreedores y de los cierres de empresas sea el motor del empleo.

La explicación es evidente. El Gobierno traslada recursos públicos para reflotar empresas privadas (asume la deuda privada) y destruye empleo en la administración pública.

¿Cómo se puede generar empleo en el ámbito público, si se tiene limitada la capacidad de sustituir los puestos de trabajo o la limita a cantidades insignificantes?

Cómo repercuten en la universidad pública las limitaciones?
El personal está con las retribuciones reducidas. El personal tiene una mayor carga de trabajo. Se pide un sobreesfuerzo y carece de compensación.

Ejemplos de distinto tipo: Si una universidad tiene 5 fontaneros y se jubilan o fallecen 2, los 3 restantes han tenido que asumir el trabajo de los 5 (deterioro de la institución, sobrecarga de trabajo, reducción de retribución y encima desprestigio social por ineficacia e ineficiencia).
Si tiene 12 profesores de Economía de Empresa y se jubilan o fallecen 2 y 8 de Química Orgánica y se jubilan o fallecen 2. Es decir 4 bajas y solo puedo reponer 0,4 puestos de trabajo (deterioro de la institución, sobrecarga de trabajo, reducción de retribución y encima desprestigio social por ineficacia e ineficiencia).

Pueden ser numerosos los ejemplos y dirán: pero este año se podrá reponer la mitad. ¿Qué pasa con lo que se ha perdido?

¿Cuánto tiempo se tarda en formar un profesional para cubrir esos puestos? ¿Cuánto tiempo se tarda en convocar y seleccionar a ese personal? ¿Qué hacer con el personal formado con contratos de Profesor Ayudante Doctor que vencen?

¿Qué hacer con profesorado seleccionado interino cuyas plazas no pueden ser convocadas, con experiencia profesional?

¿Qué hacer en general con el personal que debería promocionar o estabilizarse y que no puede ver convocadas plazas limitadas por la tasa de reposición?

En resumen malestar en el personal, desprestigio de la universidad pública. ¿A quién beneficia?

¿Cómo se actúa en contra de una institución para asfixiarla?
Se busca previamente una coartada para actuar en contra de la misma. Esta justificación la ha servido en bandeja la crisis financiera-especulativa.

A continuación se procede a torpedear su actividad, acusando a sus gestores de despilfarro, gobernanza inadecuada, corresponsabilidad en el pago, posición en los rankings de calidad. Es evidente que el marketing de la anglofilia pesa en los medios de las cúpulas dirigentes.

Pero vayamos paso a paso. Solamente en lo que se refiere a la financiación las universidades públicas que reciben una parte de sus ingresos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, donde reside la universidad. Las dos excepciones son la UNED y la UIMP contempladas en los presupuestos del Estado. La otra parte de los ingresos proceden de los precios públicos que pagan los estudiantes. Es decir las familias, además de pagar los impuestos para sostener el sistema público universitario, se ven obligadas a pagar una parte de los estudios de sus descendientes y de mantenerles fuera del mercado laboral.

Ejemplo la Comunidad de Madrid Fuente BOCM 28-12-2007 y 30-12-2013:
Año 2008 Presupuesto de la Comunidad de Madrid 21.235 millones de euros. De ellos se destinaron al mundo universitario público madrileño (6 universidades) 1.060 millones de euros un 4,99%.
Año 2014 Presupuesto de la Comunidad de Madrid 22.673 millones de euros. De ellos se destinaron al mundo universitario público madrileño (6 universidades) 803 millones de euros un 3,54%.

Si me centro en la primera universidad pública presencial de España, la Universidad Complutense, se observa:
En 2008 la UCM percibía de la Comunidad de Madrid una aportación de 387,9 millones de euros un 36,6% de la financiación total, que representaba un 63,9 % del presupuesto de la universidad.
En 2014 la UCM percibía de la Comunidad de Madrid una aportación de 292 millones de euros un 36,4% de la financiación total, que representaba un 57,3 del presupuesto de la universidad.

También de forma complementaria el Gobierno de España y el Gobierno de la Comunidad de Madrid han obligado a reducir los salarios de los empleados públicos. Estas reducciones de salarios vienen recogidas en los presupuestos aprobados por el Congreso de los diputados y por las Asambleas legislativas. Aclaro reducir es disminuir la capacidad adquisitiva del salario. Lo que quiere decir si gano 100 y me reducen a 95, pierdo 5. Si gano 100 y los precios suben a 105 y me congelan el salario en 100, he perdido 5. En castellano me han bajado el sueldo los gobiernos.

Igualmente hay que reseñar las políticas de desigualdad social generadas por la subida de los precios públicos a los estudiantes y la reducción de la cuantía de las ayudas al estudio. Por ejemplo la UCM con 83.000 estudiantes, matriculados en el curso 2013-14, ha recibido de la Comunidad 3.518 € por estudiante al año o lo que es lo mismo 293 € al mes.

¿Cuantos euros públicos se destinan por estudiante en la universidad pública situada en mejor posición en los rankings de calidad? Es decir que presupuesto público recibe la Universidad de California en Berkeley, 4ª del ARWU. Por cierto no tienen traducida su web al español. Cuando obtenga la respuesta, podré opinar sobre posiciones más allá de los indicadores utilizados.

En síntesis. Las universidades han visto reducidos sus ingresos procedentes de las Comunidades Autónomas en un 30% en este período; las Comunidades Autónomas han pretendido «compensar estas pérdidas, pasando la factura a las familias» con el aumento de los precios públicos y el Gobierno de España ha apretado las tuercas reduciendo la cantidad destinada a las ayudas al estudio y aumentando la presión fiscal. Evidentemente las universidades han tenido que reducir sus gastos, que pagar las nóminas todos los meses, aunque estuviesen al borde del abismo generado por los respectivos gobiernos.

Las universidades han sobrellevado las tensiones con sus empleados públicos y con sus estudiantes.