Escribía en 2002 para el Foro Universitario Alternativo

Un debate con un documento público y abierto ha de tener en cuenta el punto de partida, que en nuestro caso es la Constitución Española, en tanto que debatimos sobre una institución dentro de la sociedad establecida. Por ello recojo las Bases constitucionales de la normativa universitaria: Autonomía universitaria, Libertad de cátedra y de Creación de centros, Igualdad en el Derecho al estudio y a las Condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales. Siempre que se respeten y desarrollen dichos principios se puede modificar y enriquecer la normativa universitaria vigente. Aquí estarían los límites constitucionales, sin que pretendiésemos ninguna modificación enriquecedora sustancial y esencial de los derechos de las personas.

0.- Función de la Universidad

En estos tiempos globalizadores neoliberales hay una institución, la Universidad, que se encuentra cuestionada como institución. Es un debate difícil para una institución con 9 siglos de existencia que siempre ha sido, al menos en teoría, universal por el conocimiento que acumula y pretende trasladar.

Pero no olvidemos que la Universidad, dentro de un sistema económico, social y político, ha sido siempre la institución que quería la clase dominante para formar sus cuadros y actuar sobre los dominados.

Actualmente el neoliberalismo demanda a la Universidad una formación profesional (oficios y cultura general) rápida y barata para desempeñar puestos de trabajo especializados de inferior categoría; una investigación (sobre todo aplicaciones) subordinada a los intereses de las grandes empresas y doblemente subvencionadas por el Estado (paga las infraestructuras, el personal universitario y, además, financia el proyecto); integra al personal de la universidad en la eventualidad y precariedad del mercado laboral; introduce la cultura de la movilidad sin recursos económicos entre l@s estudiantes y entre el personal propio de la institución [Nueva Ley]; desincentiva la especialización reglada (doctorado) e incentiva la especialidad coyuntural pagada individualmente a precio de mercado (mastermanía). La doctrina imperante es la Universidad subordinada al mercado.

Pero el indicativo más peligroso es el deterioro de la Universidad gestionada por especialistas en el desprestigio de lo público, el ascenso de las privatizaciones directas o encubiertas (contratas y concesiones), el despilfarro en lo accesorio y el ahorro en lo necesario, la opacidad de la gestión económica en aras de la eficiencia (fundaciones y otras entidades), la cesión gratuita a las entidades financieras de espacio público (Sucursales y cajeros automáticos). En suma, el objeto es la declaración del expediente de crisis de la Universidad Pública y su venta, a bajo precio, al grupo de presión correspondiente (personalidades sociales de intereses externos en los Consejos de Gobierno 3) [Nueva Ley].

Por estas razones, entre otras, en nuestro sistema democrático es necesaria la exigencia de la Universidad laica como SERVICIO PÚBLICO con plena personalidad jurídica y como PROPIEDAD PLENA DE LA CIUDADANÍA, que es quién la financia con sus impuestos para tod@s, sin diferencia de clase, género, ideología y cuya función primordial es el desarrollo cultural y crítico de la sociedad, por medio del estudio, la investigación y el pleno ejercicio democrático y participativo de intercambio y transmisión del conocimiento de todos los sujetos que la componen.

Ante todo ha de estar plenamente integrada en la sociedad, participando como un agente activo que rompa con su autismo, convirtiéndose en un instrumento activo de transformación social al servicio de la libertad, la igualdad, la paz y el progreso social de los pueblos, sustentada en la interculturalidad como reconocimiento de cada identidad y como aportación enriquecedora de tod@s por medio del diálogo, la difusión y la transmisión libres.

El elemento legitimador esencial de este servicio público ha de ser la transparencia de sus objetivos, sus métodos y sus medios que la doten de suficiente prestigio como para que no pueda ser puesta en tela de juicio, nada más que para mejorarla.

1.- Universidad y modelo de desarrollo sostenible

Sociedad, población e integración medioambiental

La Universidad no puede ser ajena al desarrollo sostenible, debe tener en cuenta su entorno social y demográfico y, además, propiciar la integración medioambiental.

Esta institución se ha convertido actualmente en un conjunto de factorías proyectadas fuera de sus núcleos urbanos, como si se tratasen de polígonos industriales de nuevo cuño, cuya producción final son personas tituladas, ofertas de titulaciones mercantiles (acreditativas de una supuesta cualificación) y aplicaciones (investigaciones adaptadas al requerimiento de las grandes empresas). En estas factorías de nuevo tipo se demanda, por parte de los agentes directores de la producción, calidad de la materia prima (estudiantes), para que el resultado final pueda ser rentable para la empresa que le otorgará una beca como primer “contrato de trabajo”, inferior al salario de convenio del sector, para que adquiera experiencia en el lugar o lugares geográficos que le correspondan. De cumplirse los objetivos se habrá obtenido la perdida de identidad con su entorno sociocultural, carecerán de relevancia sus raíces territoriales, prevalecerá su individualidad antes que la sociabilidad, establecerá sus vínculos individuales con la empresa, que actuará como desestructuradora de las relaciones contractuales.

Los diseños urbanísticos y arquitectónicos se corresponden con un modelo económico desarrollista, que tiende a elevados costes de construcción, conservación y mantenimiento, exigiendo el uso de sistemas energéticos y de comunicaciones, basados en energías no renovables. Por lo general las universidades carecen de planes de gestión de residuos (químicos, biológicos, nucleares, entre otros), que se generan y que se trasladan a nuestro habitat cotidiano. Además sus instalaciones son auténticas ratoneras verticales con barreras arquitectónicas y biológicas, sin medidas de seguridad y de previsible evacuación, exigidas a cualquier instalación con un aforo menor.

Los vínculos con el entorno son atípicos, salvo en propiciar grandes concentraciones humanas (migraciones) demandantes de una serie de servicios, sometidos a la cruda ley del mercado, que provocan la desertización de los núcleos de origen (urbanos y rurales) o, en el mejor de los casos, los convierten en villas dormitorio y que propician una oferta masiva de venta de fuerza de trabajo cualificada en la nueva concentración.

Entre las exigencias urbanísticas y arquitectónicas destacaría:

Nueva cultura del desplazamiento se necesita un plan de sustitución de los actuales sistemas de transporte privados (motos y coches) por redes de comunicación de transporte público (limpio), transporte privado limpio (bicicletas) y el cierre al tráfico privado de los recintos universitarios; la inmediata supresión de las barreras arquitectónicas y biológicas de los centros universitarios y de su recinto urbano;

Nueva cultura en la edificación con una adaptación arquitectónica inteligente (no tiene nada que ver con los edificios inteligentes, consumidores netos de energía y de altas tecnologías, sino con la inteligencia para el diseño y la construcción adaptada a su entorno) de sus edificios e instalaciones, adecuados a la prevención de riesgos, a las necesidades de una urgente evacuación, a sus planes de tratamiento y eliminación de residuos, a la incorporación de energías limpias y renovables como ya realizan otras administraciones públicas;

Nuevo concepto de Universidad por medio de la desconcentración y descentralización geográfica, el acercamiento de la universidad a l@s estudiantes, evitaría largos y costosos desplazamientos y promovería regiones y comarcas rejuvenecidas y un entorno social y económico de servicios.

Cultura, ciencia y técnica

Mundo, Europa, Movilidad y Relación con el Mercado de trabajo

Las universidades españolas, como la mayor parte de las universidades del primer mundo padecen amnesia de su obvia corresponsabilidad social, económica y cultural con los restantes pueblos y culturas del planeta y de los desmanes cometidos.

La globalización actual y el imperialismo precedente han ido eliminando y uniformizando las diferencias culturales y expoliando a las personas y sus recursos económicos, haciendo que perdiesen su identidad, cuando no han sido directamente eliminados. Hay dificultades para recuperar las culturas extintas del mundo, pero si es factible facilitar medios que permitan la supervivencia de los pueblos, como fase previa para su desarrollo autóctono, que permitan la recuperación de las culturas subordinadas.

Tasa de Retorno Social, Económica y Cultural (TRSEC) a los pueblos expropiados, en la actualidad y a lo largo de la historia, que podría quedar cuantificada en un 1% del Presupuesto de la universidad o, en su defecto, la cantidad que cada universidad destina actualmente a la financiación de su Fundación. Su gestión correspondería a una Comisión electa del Claustro universitario con representación de las mayorías y minorías de todos los sectores del mismo. Se destinaría a la financiación de infraestructuras básicas de los 20 países con menor PIB per cápita (recursos hídricos, recursos energéticos, recursos productivos alimentarios) con medios productivos adquiridos en el propio país y fomentando un desarrollo ecológicamente sostenible no dependiente.

Libre decisión en la elección de estudios

El enjuiciamiento del conocimiento de l@s estudiantes por unas pruebas que revaliden su conocimiento acumulado en la enseñanza obligatoria y en el bachiller por medio de una revalida o de pruebas selectivas es una prueba de desconfianza en el sistema educativo precedente y en su sistema de evaluación. Atenta directamente contra el derecho a la libre decisión de una persona con plenos derechos ocasionando la frustración de quienes ven modificados sus objetivos personales y propiciando una reconducción aleatoria de su orientación cultural.

Patrimonio cultural y prioridad patrimonial de las personas

Las Universidades permiten que un número reducido de personas expropien las iniciativas, proyectos y trabajos de compañer@s de trabajo y de estudiantes. Lo que les convierte en grandes e ilustres expertos que monopolizan el patrimonio cultural en beneficio propio, pues son los que detentan el poder de hecho en la universidad y la relación con el mundo empresarial que canaliza los productos. Hoy en día se está produciendo la irrupción del reconocimiento de personas que usurpan o pagan a bajo precio el trabajo realizado por otras personas, que reciben contraprestaciones diversas aprobados, retribución opaca o compromiso de beca o, en el caso más óptimo, un contrato eventual.

Nuestra propuesta se incardina en que la Cultura es de los pueblos y que debe revertir a todos los pueblos por igual, que la propiedad patrimonial de una iniciativa, proyecto o trabajo es de la persona que lo desarrolla con independencia del lugar que ocupe en el escalafón social. Además cuando esa persona está percibiendo una retribución pública para desarrollar esa actividad, y la desarrolla en su jornada laboral, nadie puede negar el reconocimiento patrimonial a la persona, pero está obligada a entregarla a la Universidad sin percibir compensación económica alguna o en caso contrario devolviendo el importe equivalente en horas de trabajo dedicadas y la amortización de los medios empleados.

Calidad y planificación

Creación de universidades, centros

El sistema que se ha seguido de crear Universidades en todas las nacionalidades y regiones del estado español no se correspondía con una necesidad planteada por la sociedad, sino que respondía más a objetivos de interés político local como refleja el mapa de universidades públicas y en cursiva privadas o católicas:

Galicia U. A Coruña, U. Santiago y U. Vigo (3 Públicas);

Asturias U. Oviedo (1 Pública);

Cantabria U. Cantabria y una de las sedes de la U. Internacional M. Pelayo (1 Pública);

Euskadi U. P. Vasco, U. de Deusto y U. de Mondragón (1 Pública y 2 Privadas); Nafarroa U. P. Navarra, U. Navarra (1 Pública y 1 Privada);

Castilla y León U. Burgos, U. León, U. Salamanca, U. Valladolid, U. C. Ávila, U. P.Salamanca y U. SEK Segovia (4 Públicas y 3 Privadas);

Rioja U. Rioja (1 Pública);

Aragón U. Zaragoza (1 Pública);

Catalunya U. Autónoma Bellaterra, U. Barcelona, U. Girona, U. Lleida, U. Politécnica de Catalunya, U. Pompeu Fabra, U. Rovirá i Virgili, U. I. Catalunya, U. O. Catalunya, U. Ramon Llull, U. Vic (7 Pública y 4 Privadas);

Illes Balears U. Illes (1 Pública);

País Valencià U. Alacant, U. M. Hernández, U. Jaume I, U. Politécnica de Valencia, U. Valencia, U. Cardenal H. Oria (5 Públicas y 1 Privada);

Castilla La Mancha U. Castilla La Mancha (1 Pública);

Madrid U. Alcalá de Henares, U. Autónoma de Madrid, U. Carlos III, U. Complutense de Madrid, U. Politécnica de Madrid, U. Rey Juan Carlos, U. Internacional M. Pelayo sede central y UNED, hay un nuevo embrión CES Felipe II, U. Alfonso X, U. A. Nebrija, U. Europea – CEES, U. C. J. Cela SEK, U. P. Comillas, U. S. Pablo – CEU, U. Francisco de Vitoria (6+2+1 Públicas y 7 Privadas);

Extremadura U. Extremadura (1 Pública);

Andalucía U. Almería, U. Cádiz, U. Córdoba, U. Granada, U. Huelva, U. I. Andalucía, U. Jaen, U. Málaga, U. P. Olavide, U. Sevilla (10 Públicas);

Murcia U. Murcia, U. Politécnica de Cartagena, U. S. Antonio (2 Públicas y 1 Privada);

I. Canarias U. La Laguna, U. Las Palmas (2 Públicas).

TOTAL 50 + 1 U. PÚBLICAS Y 19 U. PRIVADAS

Queda un interrogante se seguirá la carrera de Universidades públicas provinciales en las provincias que no tienen universidad pública, aunque cuenten con campus universitario público. Lugo, Ourense; Zamora, Palencia, Ávila, Segovia, Soria; Easo, Araba; Huesca, Teruel; Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo; Cáceres o Badajoz.

Aunque parece que la propuesta del Ministerio es reemprender el expansionismo de las universidades matrices a otras nacionalidades y regiones.

Y las propuestas de las nacionalidades y regiones gobernadas por la derecha es la proliferación de las universidades privadas.

Nuestra propuesta establecería el mapa universitario público de necesidades estatales, de nacionalidad, de región y municipal. Este debería completarse con la coordinación del mapa de titulaciones universitarias y del módulo superior de formación profesional.

Nuestra propuesta se encamina hacia un sistema universitario público de calidad, en que la relación profesor@/estudiante sea de 1/10 en ingenierías, ciencias de la salud y ciencias experimentales y 1/15 en las demás áreas de conocimiento. Se utilizaría como unidades contables básicas las horas de dedicación del profesorado y el número de estudiantes por sus horas teóricas, prácticas y tutorías.

Nuestra propuesta se concentra en la simplificación de las actividades de gestión administrativa de las universidades y la dotación de personal de administración y servicios para la atención directa a estudiantes y profesor@s. Se utilizarían como unidades contables básicas las áreas de actividad (económica, personal, mantenimiento y conservación, gestión de estudiantes, apoyo a la docencia y al estudio, apoyo a la investigación, implantación tecnológica, servicios a la comunidad universitaria, servicios a la sociedad), primando la descentralización y la cercanía participativa de la gestión y el acercamiento de los servicios a la comunidad universitaria. Es necesaria la desfuncionarización o desburocratización de la relación universitaria que hace prevalecer el papel de la institución sobre el o la ciudadan@, como acontece en todas las relaciones sustentadas en el derecho administrativo..

Coordinación

El ente conocido como Consejo de las Universidades, inmediato Consejo de Coordinación Universitaria, tiene una estructura preconstitucional que mantendrá en su nueva configuración (Ministerio y Consejerías de Educación de un lado, Rectores de otro y 21 representantes más (7 gobierno, 7 Congreso y 7 Senado)). Su inoperancia y su desvinculación social y cultural es evidente, ya que la mayor parte de los miembros de la comunidad universitaria ignoran hasta su existencia, cuando este debería ser el gran impulsor de las orientaciones de nuestras universidades, el receptor de las evaluaciones que realizan los Consejos Sociales y las futuras Agencias de Evaluación, el órgano crítico de los planes de estudio y el promotor de las evaluaciones de la eficacia o el fracaso total o parcial de la Universidad.

El Partido Popular y su nueva ley mantiene la vieja estructura e incorpora a las Universidades privadas, que supondrá darle el 26% de la representatividad universitaria con el 10% del estudiantado. La nueva situación equivaldría que el peso a las U. Privadas en Euskadi del 66%; en Nafarroa del 50%; en Castilla y León del 43%; en Catalunya del 36%; en P. Valencià 16%; en Madrid del 54%; en Murcia del 33%.

7 Nacionalidades o Regiones verían que la planificación y organización pública está en manos de universidades privadas.

Nuestra propuesta se vincula a la necesidad de un Consejo de Universidades con representantes de las Conferencias de Administraciones educativas universitarias, con representantes de las Conferencias de Universidades (no de l@s rector@s), con representantes de las Conferencias de las Cámaras legislativas y de las Corporaciones locales, con representantes de los Agentes Sociales y de l@s estudiantes. Entre sus funciones destacaría la actividad más política que administrativa, la planificación estratégica sostenible del sistema universitario, la estructura de universidades y estudios vinculada al desarrollo sostenible del estado, de la nacionalidad o región y del municipio.

Control Social.

Hasta la actualidad se propicia un sistema piramidal de democracia delegada y se usurpa el derecho real de participación social como resultado de unas elecciones políticas, sindicales o corporativas. Esta es entre otras una de las causas que han propiciado, junto a la falta de medios y a la indolencia, el escaso papel desempeñado por los Consejos Sociales que fueron correctamente concebidos para controlar externamente cada universidad. Pero si exceptuamos escasos Consejos Sociales estos han servido para propiciar la penetración privilegiada de las grandes entidades financieras en las universidades, han sido incapaces de promover la financiación de la universidad por la sociedad y han sido corresponsables de la lejanía social de la supervisión económica y del rendimiento social de sus servicios. Como pretenden zanjar su inoperancia incorporándose al Gobierno de la Universidad con criterios estrictamente mercantiles. Pero no queda aquí su incorporación sino quienes son los elegidos para incorporarse las 250 grandes empresas del estado español.

Nuestra propuesta ahonda en la autonomía universitaria y promueve un Consejo Social con Representación municipal/es (no del consistorio), representación de la nacionalidad o región (no del gobierno o la asamblea), representación empresarial, entre tod@s l@s empresari@s de la nacionalidad o región, representación laboral, entre tod@s l@s trabajador@s de la nacionalidad o región, representación universitaria, X miembros del equipo de gobierno y X representantes elegidos directamente por toda la comunidad universitaria.

2.- Universidad modelo de autonomía universitaria

Financiación

El falso debate sobre la financiación de las universidades públicas se centra en quién debe pagarlas. Se podrían establecer distintos indicadores de financiación, pero hay que partir de la primera premisa la sociedad española (toda) está dispuesta a sostener con sus impuestos la existencia de la universidad pública, con independencia del número de estudiantes con los que cuente cada universidad. Además todas las regiones y nacionalidades del Estado español han adquirido el compromiso de cubrir, al menos, los Gastos de Personal y las Inversiones. La laguna que quedaría por cubrir serían los gastos de funcionamiento de las citadas instituciones (energía eléctrica, calefacción y material de prácticas y exámenes y, por último, los gastos de conservación, renovación y mantenimiento).

El actual sistema de gastos corrientes, conocido en términos presupuestarios como capítulo 2, incluye actividades propias de un servicio público que han sido privatizadas, que deberían ser excluidas. Tampoco se puede pretender que l@s estudiantes costeen las facturas telefónicas de l@s emplead@s públic@s, la energía que consumen, ni los equipos informáticos y demás material imprescindible para el funcionamiento administrativo del servicio. Pues bien, sin excluir ninguna de estas partidas, la mayor parte de las universidades superan con las Tasas actuales (precios públicos) los gastos correspondientes al citado capítulo 2.

Nuestra propuesta debe ir encaminada a la congelación de las Tasas (precios públicos) y alcanzar un criterio limitativo, por uso de instalaciones, de los gastos del capítulo 2 que deben pagar l@s estudiantes, como corresponsables del uso de las instalaciones públicas. Igualmente todas aquellas unidades, servicios o personas que utilicen las instalaciones de la universidad para proyectos de investigación o formación con financiación externa a la universidad deben asumir los gastos de utilización de las instalaciones, del personal y del material por ellos utilizado.

El incremento del número de becas debe ir acompañado de la cuantía de las mismas, que debería tener como indicador mínimo el Salario Mínimo Interprofesional. Ninguna persona mayor de edad (18 años) puede sustraerse a la incorporación al mercado de trabajo, si la clase social a la que pertenece le obliga a aportar los ingresos básicos para su subsistencia. Nuestro criterio ahondaría en la demanda de la Renta Básica garantizada para toda persona mayor de edad, independiente del sistema de Becas y ayudas al estudio.

El Estado con las Nacionalidades y regiones españolas debe incorporar un fondo universitario de compensación interterritorial, que permita establecer un desarrollo equilibrado de las Universidades públicas, atendiendo a criterios diferentes universidad histórica, consolidada o desarticulada, universidad de nueva creación, articulada con la nacionalidad o región, proyecto de universidad coordinada con las del Estado. Además las Nacionalidades y regiones deben acordar con las Universidades un sistema de financiación que evalúe las necesidades de financiación al 100% de los gastos de personal (estructural y coyuntural), de funcionamiento, conservación, mantenimiento, mejora y adecuación y de inversiones de obra o de instalaciones nuevas.

Podría tener la siguiente distribución mínima de garantía: 0,7% PIB aportado por el Estado (0,2 PIB fondo compensación y 0,5 PIB becas) y 0,8% PIB del Estado (equilibrado con la población de su nacionalidad o región) aportado por las nacionalidades y regiones.

El sistema de Seguro escolar tiene que transformarse en un nuevo régimen especial de la Seguridad Social, cogestionado por l@s estudiantes y la Seguridad Social, asumiendo el cambio de concepto de estudiante como persona que trabaja en su formación.

Todo el personal de las universidades debe estar integrado en el Régimen General de la Seguridad Social, produciendo una aportación saneada (trabajador@s fij@s) al sistema de cotizaciones solidario y redistributivo. Hay que eliminar el actual sistema sectario y corporativo del régimen de Clases Pasivas por el que se rige el profesorado funcionario y que intenta perpetuar el Gobierno eximiéndose de su cotización patronal a las arcas de la Seguridad Social.

Gobierno participación, autogestión de lo público, ni camarillas ni corporativismo

El gobierno de la universidad comprende dos facetas diferentes:

Una en la que la institución tiene una actividad estrictamente académica e investigadora, en la que el papel central es de profesores y estudiantes. Otra en la que todos los componentes de la comunidad tienen los mismos derechos y obligaciones, ciudadan@s mayores de edad con derechos políticos plenos, responsables del buen gobierno y funcionamiento de la institución sostenida con fondos públicos.

En su primera faceta tendría un carácter participativo que elaboraría la programación de prioridades académicas (estudio, docencia e investigación) al que se adecuarían los presupuestos y las plantillas de personal y la oferta de plazas. La composición del Claustro académico se adecuaría a la representación por Áreas de conocimiento de profesores y estudiantes con una composición paritaria. Podría tener una composición máxima de 20 representantes por área de conocimiento, no pudiendo superar en ningun caso el número total de claustrales los 120.

En la segunda propugnamos un modelo de gobierno participativo y transparente en la aprobación de los presupuestos y plantillas consecuencia de la programación de prioridades (estudio, docencia e investigación, administración y servicios) asociadas al proyecto de universidad pública de calidad. Se podría establecer un Consejo de universidad de consejer@s, cuya representación fuera intersectorial (Estudiantes 33%, Profesor@s 33%, Personal de Administración y Servicios 33%) con listas abiertas que representarían a toda la comunidad universitaria.

La Junta de Gobierno de la universidad estaría compuesta por el/la Rector/a y su equipo de gobierno más 10 representantes del Consejo de Universidad y 12 representantes del Claustro académico. El equipo de Gobierno y el/la Rector/a no podrá superar en número de votos a los 22 representantes. Las Áreas, Departamentos, Institutos, Servicios y demás órganos de la universidad deberán estar presentes, por medio de una representación, cuando se traten temas que les afecten directamente con voz.

Política de Personal

Las políticas de personal de las universidades debería de regirse por dos principios básicos servicio público de calidad y docencia e investigación de calidad. Es incoherente que ambos no estén definidos dentro de un proyecto de universidad pública de calidad.

El personal de la Universidad estaría compuesto por emplead@s públic@s fij@s de plantilla que se regirían por un Estatuto de Emplead@s Públic@s de universidad negociado entre la Conferencia de Administraciones educativas universitarias, la Conferencia de universidades y los representantes de l@s emplead@s públic@s.

Se estabilizaría como emplead@s públic@s a todas aquellas personas que mantengan una relación contractual a tiempo completo con la universidad, excepto aquellas que cubran una sustitución.

El sistema retributivo tendrá un componente homogéneo de mínimos estatal y un complemento de nacionalidad o región.

El sistema de acceso tendrá un componente homogéneo de acreditación de conocimientos o experiencia y otro componente de acreditación específica negociada en cada universidad con los sindicatos.

La voluntaria movilidad entre universidades quedaría garantizada por el principio de igual categoría e igual área de actividad (conocimiento, investigación, administración, gestión, servicio), solamente podrá ser aceptada o argumentada en contra por la unidad, servicio o departamento de la universidad receptora que la persona interesada podrá llevar al órgano de control.

El sistema de control, reclamación e inspección del personal tendría una composición cuatripartita (administración educativa universitaria competente, universidad, sindicatos representativos y estudiantes).

3.- Universidad y libertad de expresión

Estudio

Igualdad en el ejercicio del derecho al estudio no limitado por barreras económicas, sociales, lingüísticas, arquitectónicas, de género o territoriales.

En el ámbito de la Unión Europea se está intentando llegar a un nuevo concepto de medida, cuantitativa, del tiempo de estudio que sería un crédito equivale a 20 horas (formación teórica + formación práctica + tiempo de estudio + tiempo de tutoría).

Investigación

La promoción de la Investigación no puede ser un concepto abstracto disociado de la realidad social, política, económica y cultural del mundo y, mucho menos, del país.

Tampoco se puede hacer una traslación mecánica de los modelos de investigación de otros países con el nuestro. Ni mucho menos es semejante el tejido empresarial español incapaz de tener proyectos de investigación propios o promovidos por las universidades y centros de investigación, a pesar de contar con subvenciones para I+D y para Innovación, de tener subvencionados a bajo precio a l@s investigador@s y las instalaciones.

En todos los documentos propuestos se olvidan o se obvian estas bases analíticas, que son fundamentales para modificar nuestra estructura de dependencia tecnológica (pago de royalties 285.400 millones de pts. e ingreso por royalties 53.400) que sigue creciendo en el año 2000.

Nuestra propuesta debe ir encaminada a demandar grandes líneas estratégicas de Investigación pública vinculadas a la reconversión de los proyectos armamentistas en proyectos civiles de desarrollo sostenible agua, espacio, flora, fauna, recuperación del medio, energías renovables, alimentación natural, sistemas de comunicación, inteligencia en la construcción, materiales limpios y reciclables, en empresas horizontales y participadas, en coordinación de empresas, desmilitarización, medicina social y preventiva, … Estas líneas estratégicas, entre otras, deben articularse con la nacionalidad o región donde se pretenda desarrollar, teniendo en cuenta su estructura social y económica. No se puede postergar la investigación básica, que sirve como sustento de la investigación aplicada, ni limitar las líneas propias de investigación y, promoviendo los contactos y la colaboración entre los distintos equipos de investigadores en proyectos comunes o complementarios.

Las universidades generarán con su investigación un sistema de traslación de conocimiento no subordinante (TCNS) a los pueblos y sociedades del estado español y de los países subdesarrollados, como elemento caracterizador de la universidad pública universal no lucrativa.

Madrid 22 de enero de 2002

En que concretaríamos nuestras ideas fuerza un modelo de gobierno participativo de la Universidad. La lucha contra la Ley Orgánica de Universidades ha trasladado a la calle el debate legislativo de un modelo que hunde sus raíces en la lucha y denuncia del Informe Bricall (neoliberalismo) e incorpora la confesionalidad a la que dota de contenidos hegemónicos.

El salto cualitativo experimentado abre nuevas expectativas a la participación social activa y real (no se discute solamente en parlamentos y claustros) debates de la aplicación de la LOU, debate público de los presupuestos universitarios estatales (Becas, Renta Básica), de nacionalidad o región (Financiación del sistema universitario y Tasas) y de la propia universidad (Distribución del presupuesto, en qué y cómo se gasta, y procedencia de los ingresos, quién paga la universidad y quién la esquilma), debate público de la política de personal (Áreas de conocimiento, líneas de investigación, proyección y evaluación de los planes de estudio, y estructuras de administración y servicios pobremente dotadas).

Contrastamos a partir de los debates del Foro Universitario Alternativo nuestras propuestas como:

Un modelo sostenible de Universidad

Tasa de Retorno Social, Económica y Cultural (TRSEC) a los pueblos expropiados

Patentes públicas de acceso gratuito o Traslación de Conocimiento no subordinante (TCNS)

Renta básica para todos los mayores de 18 años (RB)

La elección de personas no es un talón a x años vista sin Participación de la comunidad universitaria en el gobierno.

Un nuevo FORO UNIVERSITARIO ALTERNATIVO debería profundizar en la participación de la comunidad universitaria en la Universidad.