Universidad y estrangulamiento del empleo público

Hay conceptos básicos sobre el empleo y su calidad en el mundo del trabajo.

El concepto general se vincula a la capacidad productiva y, por tanto, a las necesidades de la oferta y la demanda de bienes y servicios generados para la sociedad a la que se dirigen los productos. Evidentemente está condicionado a las características de los medios e instalaciones que se precisan y al número de personas imprescindibles para su actividad.

Las necesidades requeridas a la universidad pública son la formación, la investigación, la innovación y la transferencia a la sociedad. A las que hay que añadir de forma imprescindible la necesidad de gestión, la conservación, el mantenimiento, la reposición de los medios e instalaciones existentes. Se completan con las necesidades de nuevos medios, instalaciones y construcciones acordes con la dinámica de la sociedad.

Es evidente que el empleo público tiene una serie de funciones, que se encuentran tasadas por la legislación. En los últimos tiempos ha sido limitado, por no decir anulado en las universidades por las conocidas Tasas de Reposición.

Las Tasas de Reposición impuestas legislativamente por el Gobierno de España han sido de un 10% para el Personal Docente e Investigador y de un 0% para el Personal de Administración y Servicios (del 50% para este año 2015). Es decir se ha obligado a las universidades públicas a reducir las plantillas con independencia de las necesidades. El gobierno ha impuesto un sistema de reducción de personal o una inmensa “Regulación de Empleo Público” y ha pedido en los medios de comunicación que mejorasen los servicios prestados.

Las consecuencias son malas para la universidad pública y beneficiosas para la universidad privada. Como dijo recientemente un miembro del gobierno español “se está creando empleo en la empresa privada y destruyendo en la administración pública“. Es la evidencia de que el gobierno trabaja en contra de los intereses de los ciudadanos y de sus servicios públicos y lanza mensajes de eficacia, eficiencia y capacidad de generar empleo en el mundo de la empresa privada. Es curioso que el mundo del endeudamiento del país y el mundo de los concursos de acreedores y de los cierres de empresas sea el motor del empleo.

La explicación es evidente. El Gobierno traslada recursos públicos para reflotar empresas privadas (asume la deuda privada) y destruye empleo en la administración pública.

¿Cómo se puede generar empleo en el ámbito público, si se tiene limitada la capacidad de sustituir los puestos de trabajo o la limita a cantidades insignificantes?

Cómo repercuten en la universidad pública las limitaciones?
El personal está con las retribuciones reducidas. El personal tiene una mayor carga de trabajo. Se pide un sobreesfuerzo y carece de compensación.

Ejemplos de distinto tipo: Si una universidad tiene 5 fontaneros y se jubilan o fallecen 2, los 3 restantes han tenido que asumir el trabajo de los 5 (deterioro de la institución, sobrecarga de trabajo, reducción de retribución y encima desprestigio social por ineficacia e ineficiencia).
Si tiene 12 profesores de Economía de Empresa y se jubilan o fallecen 2 y 8 de Química Orgánica y se jubilan o fallecen 2. Es decir 4 bajas y solo puedo reponer 0,4 puestos de trabajo (deterioro de la institución, sobrecarga de trabajo, reducción de retribución y encima desprestigio social por ineficacia e ineficiencia).

Pueden ser numerosos los ejemplos y dirán: pero este año se podrá reponer la mitad. ¿Qué pasa con lo que se ha perdido?

¿Cuánto tiempo se tarda en formar un profesional para cubrir esos puestos? ¿Cuánto tiempo se tarda en convocar y seleccionar a ese personal? ¿Qué hacer con el personal formado con contratos de Profesor Ayudante Doctor que vencen?

¿Qué hacer con profesorado seleccionado interino cuyas plazas no pueden ser convocadas, con experiencia profesional?

¿Qué hacer en general con el personal que debería promocionar o estabilizarse y que no puede ver convocadas plazas limitadas por la tasa de reposición?

En resumen malestar en el personal, desprestigio de la universidad pública. ¿A quién beneficia?

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