El gobierno de España y los gobiernos de las Comunidades Autónomas españolas promueven un nuevo modelo de universidad pública:

Una universidad pública mal financiada.
Una universidad pública que pierde empleados públicos.
Una universidad pública que disminuye el acceso de personas al estudio.
Una universidad pública que reduce la equidad.
Una universidad pública que ve alteradas constantemente la estructura de sus planes de estudio.
Una universidad pública que ve abandonar el país a sus egresados.
Una universidad pública carente de recursos para la investigación.
Una universidad pública que ve el deterioro de sus instalaciones.
Una universidad pública constantemente agredida en los medios de comunicación, excepto cuando sus egresados consiguen grandes logros en otros países o individualiza los avances científicos, sociales o culturales de los miembros de la universidad pública.

«Una universidad pública española que cuenta con el mismo presupuesto que dos de las más de 3000 universidades de Estados Unidos»
Las universidades españolas. Una perspectiva económica 2014
http://www.eldiario.es/agendapublica/impacto_social/Presupuestos-Universidad-cronica-retroceso_0_348915963.html

Es evidente que se necesitan cambios en la universidad pública para establecer un modelo de universidad acorde con la transmisión del conocimiento y de los resultados obtenidos a la sociedad, sustentados en la investigación y en la experimentación científica. Pero los cambios no pueden ser producto de decisiones unilaterales, ni unidireccionales. Han de ser decisiones producto de un consenso, que lógicamente incorpore a los diferentes agentes afectados y que se plasmarán en los desarrollos normativos correspondientes.

Los cambios son en algunas cosas imprescindibles para no anquilosar la institución. Ahora bien se ha realizado una evaluación de las universidades públicas, que permita conocer sus deficiencias y sus logros. La identificación de las deficiencias debe permitir establecer un diagnóstico general de la universidad pública española y un diagnóstico particular de cada una de las universidades.
Ese diagnóstico servirá de base para orientar las posibles directrices a adoptar y saber hacia donde debe orientarse un sistema público, para lograr los niveles de excelencia que queremos alcanzar.

Se podrá objetar que ha habido informes de expertos. Los informes de las comisiones de expertos no son una base solida para adoptar alternativas que afectan al futuro de la transmisión del conocimiento en las instituciones universitarias españolas. Normalmente suelen ser estudios sesgados al que se le han puesto unos determinados indicadores de partida que condicionan el informe.

Una evaluación seria debe disponer de una tabla de indicadores acordados y consensuados entre los distintos agentes afectados. Ahora bien se me viene a la cabeza, ¿cómo participará la ciudadanía en estas cuestiones? y no me sirven sus representantes políticos (Congreso, Senado, Asambleas legislativas). Hasta ahora estos representantes han demostrado un alto grado de desconocimiento de la universidad y emiten opiniones basadas en artículos periodisticos o en experiencias asociadas al mundo empresarial. De esta evaluación debería salir la base para el modelo de universidad pública que queremos para los próximos años y que supere el aventurerismo político de quienes ya han demostrado su capacidad para destruir el sistema de Cajas de Ahorro y que ahora quiere destruir el sistema público universitario español.

Si hiciesemos una pequeña encuesta con un reducido número de preguntas sobre la universidad. Comprobaríamos el grado de desconocimiento que tienen nuestros legisladores y nuestros periodistas. Muchos de ellos no podrán contestar preguntas tan sencillas como cuantas leyes sobre universidad se han aprobado desde la vigencia de la actual Constitución española. Cuantas modificaciones de planes de estudio (totales o parciales) ha habido en estos casi 40 años. Eso si no hay que hacer trampas recurriendo al Tito Google que parece que todo lo sabe.