Cansado de la incompetencia

Día a día, semana a semana, mes a mes, año tras año compruebo reiteradamente la ausencia de demócratas en nuestra mal denominada “clase política”.

En una democracia hay un punto de partida básico la Negociación, el Acuerdo/Desacuerdo pactado, que actualizan las normas que pueden estar obsoletas, ser mejoradas o normas que no se han desarrollado.

A día de hoy no solamente se rehuyen los problemas, sino que se aplican medidas cohercitivas que los agudizan. Las evidencias son notorias:

La crisis de un sistema de organización política se basa en una Monarquía no deseada, agudizando la crisis de la misma.

La crisis de un sistema terrritorial, en su día acordado, empieza a resquebrajarse por las desigualdades existentes entre territorios. El centralismo no es de Madrid, sino del gobierno que tiene su sede en Madrid.

La crisis de la estructura del sistema económico busca su recuperación en el transporte por carretera, en la pervivencia de la gran propiedad de la tierra y del espacio urbano, la construcción, el turismo, la dependencia energética, … Más de lo mismo.

La crisis de la oferta de trabajo es estructural y mantiene un sinnúmero de personas sin empleo, con empleos puntuales,  con empleos sin garantía y los enfrenta a quienes tienen un empleo estable.

La crisis de valores democráticos y la independencia de sus pilares ejecutivo, legislativo y judicial convierte a la democracia según denominaciones actuales en iliberal, prefiero llamarla autoritaria o predictatorial.

La crisis del valor funcional del estado altera su sevicio en servilismo del capital financiero, cuyos costes se convierten en endeudamiento de los ciudadanos.

La crisis de la libertad entendida como derecho de todas las personas que debe ser protegido por el estado y por la fiscalia se vulnera sistémicamente en la TVE y en todas las instituciones. Genera inseguridad jurídica para todas las personas que vivimos en el solar “marca” españa. Hemos llegado a ser cutres hasta para eliminar el concepto de estado nación de nacionalidades por un slogan empresarial.

La crisis doblega a la mayoría de las personas en beneficio de la minoría e ignora la igualdad, los mayores, la infancia, la educación pública, la sanidad pública, la dependencia, el cambio de modelo de roles de género, la modificación del modelo de convivencia.

Persiste en la represión del débil sin dar alternativa. Persiste en asumir costes de multinacionales definiéndolas como empresas bandera “marca española”. Empobrece a la población aumentando el desequilibrio en el reparto de los beneficiós (para la minoría) y en la asunción de las deudas (Banca y ERES), entrega el tejido productivo estratégico a fondos buitre (alteran el precio de bienes de primera necesidad).

¿Cuándo se acometerán estas realidades? 

La organización territorial está obsoleta. La provincia es un concepto fuera de la realidad. Los pequeños municipios se mueren. La justicia está en entredicho.

El Ejército y las Fuerzas de Seguridad están para defender a la ciudadanía, en ningún caso para ser arengadas para amenazar a parte de la ciudadanía.

La política del agua es nefasta y enfrenta a distintos territorios.

La política del suelo mantiene territorios en el medievo.

La política de urbanística y de vivienda actúa contra los más débiles.

La política energética es la de profundizar la dependencia.

Las redes de transporte estratégicas son las grandes desconocidas, incidiendo  en una movilidad insostenible.

El clientelismo caciquil es norma vía subvenciones y trabajo en los municipios pequeños.

La sostenibilidad territorial y medioambiental pasaba por aquí, pero no ha llegado.

La estrategia agrícola, ganadera y pesquera es algo en lo que no se piensa.

La política industrial es un referente del pasado.

Nos quedan los servicios y se incide, mantiene, profundiza en el sol y playa, aprovechando que hemos sido cómplices de la inseguridad coyuntural de nuestros competidores que nos beneficia en el pan para hoy y en el hambre para mañana.

La política social y económica de un país democrático debe tener una base fundamental la generación de riqueza de forma sostenible, la participación de las personas trabajando y la redistribución equitativa de sus beneficios.

Porque para ser jornaleros en la plaza del pueblo, con 40 peonadas al año, quedándose en manos de la propiedad la mayor parte de los ingresos, no hace falta llegar al siglo XXI. Para eso ya estábamos igual en el siglo XIX y buena parte del XX.

Señores los problemas no son Cataluña/Catalunya, ni País Vasco/Euskadi, ni Comunidad Valenciana/País Valenciá, ni Linares, ni la Línea, ni Extremadura, ni Murcia, ni Burgos. Por citar algunos, se me quedan muchos más en el tintero.

Si se quiere tener un país con la ciudadanía identificada hay que saber dar respuesta y no tribunales patrioteros antiterroristas. Terror es lo que pretenden generar unos aprobando y otros callando.

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