El Gobierno del Estado español a través de los Delegados y Subdelegados del Gobierno, entre otras competencias, dirige y controla las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. A dichos Delegados les corresponde, en el caso del Ministro del Interior, la competencia del Estado de dictar las directrices necesarias en materia de libertades públicas y seguridad ciudadana.
Desconozco las directrices que emanan del Ministerio del Interior. Pero cada día es más significativa la incapacidad manifiesta de algunos Policías y Guardias Civiles para identificar los comportamientos violentos de determinados individuos vinculados a la extrema derecha. Mientras las mismas fuerzas de seguridad son excesivamente eficientes en identificar, localizar y hasta prejuzgar conductas en personas vinculadas a la izquierda. En el caso de la izquierda no les hace falta tan siquiera que sean de extrema izquierda, les basta que sean de izquierdas.
En aras a la transparencia no estaría demás que se hiciese público los siguiente:
A cuántas personas las fuerzas y cuerpos de seguridad han identificado, retenido, detenido o puesto a disposición judicial por comportamientos terroristas o violentos de la extrema derecha y de la extrema izquierda en los últimos 10 años.
Cuántas actuaciones ha tenido la fiscalía por hechos cometidos por la extrema derecha y por la extrema izquierda en los 10 últimos años.
Cuántos hechos producidos por la extrema derecha y por la extrema izquierda han sido aclarados, juzgados y sancionados en los últimos 10 años.
Hay diferencia en las condenas de miembros de extrema derecha y de extrema izquierda en los últimos 10 años.
Cuántas investigaciones se han abierto en el seno de las fuerzas y cuerpos de seguridad por connivencia con individuos de extrema derecha o de extrema izquierda en los últimos 10 años-
Como se puede entender no pido sus nombres. Solamente como ciudadano quiero tener constancia solamente del número. La aclaración de estas preguntas y la correspondiente información persiguen el beneficioso prestigio de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad, nuestra fiscalía y nuestra judicatura.
Evidentemente no quiero presuponer la existencia de una política determinada de actuación favorable a la ultraderecha que perjudicaría a la credibilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad ante la sociedad que les paga para garantizar las libertades y la seguridad públicas.
Antonio Camarero 